Cuando existe una orden judicial de alimentos, el juez puede disponer que el pago se realice mediante retención directa del sueldo, ordenando a la empleadora que descuente el monto correspondiente y lo deposite en una cuenta judicial.

Esta medida está prevista en la legislación argentina y tiene como objetivo garantizar el derecho alimentario, que es prioritario y urgente, especialmente cuando involucra a niños, niñas y adolescentes.

La orden judicial es obligatoria

De acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación y los códigos procesales, una vez que la empleadora es debidamente notificada, queda legalmente obligada a cumplir la orden del juez.

Esto implica:

  • Retener el monto indicado del salario.
  • Depositarlo en la cuenta judicial informada.
  • Cumplir en tiempo y forma mientras la orden esté vigente.

El cumplimiento no es opcional ni depende de la voluntad de la empresa.

¿Qué sucede si la empleadora no cumple?

Cuando la empleadora incumple una orden judicial de depósito de alimentos, la Justicia puede adoptar distintas medidas, todas respaldadas por normas y criterios judiciales vigentes.

1. Responsabilidad solidaria

Los tribunales han sostenido que la empleadora que no cumple con una orden judicial puede ser considerada responsable solidaria por las sumas no depositadas.
Esto significa que el juez puede exigirle que pague los montos adeudados, aun cuando el salario haya sido abonado al trabajador.

2. Multas judiciales (astreintes)

Los códigos procesales autorizan a los jueces a imponer multas económicas diarias o periódicas para forzar el cumplimiento de una orden judicial.

Estas multas pueden acumularse hasta que la empleadora regularice la situación.

3. Embargos y otras medidas

Ante el incumplimiento, el juez puede ordenar:

Embargos sobre cuentas bancarias de la empresa.

Otras medidas patrimoniales para asegurar el cobro de los alimentos adeudados.

4. Desobediencia a una orden judicial

El incumplimiento reiterado de una orden judicial puede ser considerado desobediencia, lo que agrava la situación legal de la empleadora y puede dar lugar a nuevas sanciones.

¿Por qué la Justicia es estricta en estos casos?

El derecho alimentario está especialmente protegido por la ley y por la Constitución Nacional.
Los jueces tienen la obligación de garantizar que los alimentos se cobren rápidamente y sin demoras, ya que están destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

Por eso, cuando una empleadora incumple una orden judicial, la Justicia suele actuar con firmeza.

¿Tenés un problema con el cobro de una cuota alimentaria o una empleadora que no cumple la orden judicial?

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