Imaginate que perdés un juicio. No porque tengas mala prueba, sino porque el juez dictó una sentencia que, lisa y llanamente, no tiene sustento: contradice lo que dicen los papeles del expediente, aplica una ley que ya no existe, o simplemente no explica por qué decidió lo que decidió. ¿Existe alguna forma de que un tribunal superior corrija eso? La respuesta está en una herramienta poco conocida fuera del mundo judicial, pero que hoy ocupa la mayor parte del trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la doctrina de la sentencia arbitraria.
El «freno de emergencia» del sistema judicial
En la Argentina, cuando un juicio termina, la parte que pierde puede apelar. Pero esas apelaciones tienen un techo: llegan hasta el tribunal superior de la provincia (o de la Ciudad de Buenos Aires) y ahí, en principio, el proceso se termina. La Corte Suprema —el máximo tribunal del país— no está para revisar cualquier sentencia con la que alguien no esté de acuerdo. Su puerta de entrada natural es el recurso extraordinario federal, y solo se abre en casos muy puntuales: cuando está en juego una ley nacional, la Constitución, o un tratado internacional.
El problema es que hay sentencias que, sin tocar directamente esos temas, son tan defectuosas que resulta imposible dejarlas pasar. Pensemos en un ejemplo cotidiano: un juez ordena el desalojo de una familia de su casa sin haberla citado nunca al juicio. No hay ninguna ley federal en discusión ahí, pero es evidente que algo se rompió: el derecho básico a ser escuchado antes de que te saquen de tu casa. Para esos casos —donde la sentencia deja de parecerse a una sentencia y se convierte en un atropello— la Corte, desde principios del siglo pasado, se reservó una llave extra de entrada: si el fallo es «arbitrario», puede intervenir aunque no haya ley federal de por medio.
¿Qué hace que una sentencia sea «arbitraria»?
No alcanza con que el fallo esté «mal», en el sentido de que vos —o tu abogado— no estén de acuerdo con lo que resolvió el juez. Eso pasa todo el tiempo y no habilita nada. La Corte exige mucho más: que la sentencia carezca de fundamento razonable. En criollo, sería algo así como un examen final que un alumno entrega en blanco, o lleno de respuestas que no tienen nada que ver con las preguntas. Formalmente parece un examen, pero no lo es.
Con los años, la Corte fue afinando esa idea. Dijo que una sentencia arbitraria es la que no aplica el derecho vigente (por ejemplo, usa una ley derogada), la que no se ajusta a las pruebas del expediente, o la que directamente no se puede seguir el hilo del razonamiento del juez. En algún fallo llegó a decir que tiene que ser algo «tan grosero» que resulte inconcebible dentro de una administración de justicia racional. Es, en definitiva, el antídoto contra las sentencias que existen en el papel pero que, en los hechos, le negaron a alguien un juicio justo.
Una excepción que nació chiquita, hace más de un siglo
La Corte empezó a hablar de esto en 1909, en un caso llamado «Rey c/Rocha», aunque en ese entonces ni siquiera hizo lugar al reclamo. Pasaron treinta años hasta que, en 1939, anuló por primera vez una sentencia usando esta idea. Desde entonces, y sobre todo a partir de la década de 1990, la doctrina se fue estirando cada vez más, hasta abarcar prácticamente cualquier tipo de conflicto: de familia, laboral, civil, penal, comercial. Lo que nació como una excepción reservada para casos verdaderamente extremos terminó convertido en la puerta de entrada más usada a la Corte Suprema.
La «excepción» que hoy es la regla: lo que dicen los números
Acá está lo más llamativo del análisis que motiva esta nota. La propia Corte Suprema publica sus estadísticas, y esos números cuentan una historia distinta a la que el propio tribunal repite en sus fallos, cuando insiste en que la arbitrariedad es algo «excepcional».
- En el último año informado, la Corte dictó casi 15.700 sentencias, con las que resolvió cerca de 28.900 causas. Es un número que viene subiendo sin parar: de poco más de 8.000 sentencias en 2022 pasó a más de 12.500 en 2024.
- Eso equivale, en promedio, a unas 600 causas resueltas por semana. Cada vez que los jueces de la Corte se reúnen a firmar, estampan alrededor de seiscientas firmas.
- Del total de causas que llegan por vía del recurso extraordinario, la gran mayoría —más de dos tercios— tienen que ver con arbitrariedad, y no con las llamadas «cuestiones federales clásicas» (las que sí están escritas expresamente en la ley).
- En 2024, el 82% de los casos se resolvió con «fórmulas»: frases estándar, casi de manual, sin contar los hechos del caso ni explicar en detalle por qué se rechaza el reclamo.
En otras palabras: lo que la Corte llama una vía «excepcional» es, en la práctica, la tarea que más tiempo le consume, y la que define la inmensa mayoría de sus decisiones. Una jueza de la propia Corte, Carmen Argibay, ya lo había señalado hace dos décadas: esta herramienta, pensada para remediar injusticias notorias, terminó convirtiéndose en la mayor fuente de trabajo del tribunal.
¿Por qué le importa esto a alguien que no es abogado?
Porque afecta directamente los tiempos y las chances reales de que un reclamo llegue a buen puerto. Si tenés un conflicto de herencia, un despido que considerás injusto, o un problema con una obra social, y tu caso termina en la Corte Suprema por la vía de la arbitrariedad, hoy competís contra un cúmulo de miles de expedientes similares. La mayoría de esos recursos —cuatro de cada cinco— se rechazan con fórmulas breves, sin que el ciudadano llegue a entender del todo por qué. Es, como señalan los propios especialistas que analizan el fenómeno, «la última carta» que juega quien perdió un juicio, sabiendo que las probabilidades de que prospere son bajas, pero que a veces es la única vía que queda.
El propio sistema viene ensayando desde hace más de cuarenta años distintos «filtros» para contener esta avalancha —exigencias formales más estrictas, la obligación de que los tribunales locales agoten primero todas las instancias posibles, reglas procesales más rígidas—, pero, según las estadísticas oficiales, ninguno logró frenar el crecimiento año a año de causas que llegan a la Corte.
La paradoja de fondo
La doctrina de la sentencia arbitraria nació para tapar un agujero: evitar que una sentencia sin fundamento quedara firme solo porque, formalmente, no había una «cuestión federal» clásica de por medio. Con el tiempo, esa herramienta de emergencia se transformó en la actividad principal de la Corte Suprema, desplazando a un segundo plano su función más propia: ser el último intérprete de la Constitución Nacional. Nadie plantea eliminarla —sería dejar sin remedio a quienes reciben sentencias verdaderamente escandalosas—, pero el debate que hoy atraviesa a la doctrina jurídica es cómo devolverla a su lugar original: una salida excepcional para casos extremos, y no la puerta de entrada habitual de miles de expedientes por año.
Fuente: «La sentencia arbitraria, de excepción a regla», por Ramiro Rosales Cuello y Germán González Campaña, publicado en Doctrina, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni Editores.